El Departamento de Estado norteamericano publicó este miércoles un informe de 2019 sobre la situación de los Derechos Humanos en República Dominicana, donde asegura, entre otras cosas, que la libertad de prensa fue atropellada y que el Gobierno ha avalado la corrupción y la impunidad de sus funcionarios.
Entre los problemas importantes que resalta el documento, incluyen informes de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad estatales.
Asimismo, expone casos de tortura por parte de la Policía y otros agentes públicos; detención arbitraria; condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales.
En ese mismo orden, señala la interferencia arbitraria con la privacidad, “serios problemas con la independencia del poder judicial”, entre los que citan puntualmente el caso de la constructora brasileña Odebrecht, donde aún no hay un funcionario condenado.
“El poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema grave”, manifiesta el estudio.
En cuanto a la libertad de prensa expone la difamación criminal contra periodistas y otras personas que trabajaban en los medios de comunicación, quienes, de acuerdo al informe, fueron ocasionalmente acosados o atacados físicamente.
“Algunos medios de comunicación informaron que los periodistas, específicamente en las zonas rurales, recibieron amenazas por investigar o denunciar grupos criminales o corrupción estatal”.
En ese orden cita el caso del comentarista de Monte Plata Hipólito Bautista, quien en octubre pasado denunció que recibió amenazas por su obertura crítica de las conexiones de los políticos locales con los narcotraficantes.
“Algunos medios de comunicación optaron por omitir las líneas de los periodistas que informaban sobre el tráfico de drogas y otras”, cita un párrafo de la rúbrica.
El informe señala a “una prominente periodista” que declaró que su salida de los medios de comunicación tradicionales fue un ejemplo de la influencia del gobierno en los medios de comunicación.
“Ella destacó que el gobierno gastó cerca de 12.5 millones de pesos ($250,000 diarios) en anuncios”, indica el documento.
En general, indica que los periodistas dominicanos practicaron la autocensura, particularmente cuando la cobertura podría afectar negativamente a la intereses económica o política de los propietarios de los medios de comunicación.
Otro de los puntos que condenó la entidad dirigida por Mike Pompeo, fue la “grave corrupción gubernamental”, violencia policial contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); así como el trabajo forzado e infantil.
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