Este lunes cantidades de personas se aglomeraron de improviso a las puertas de supermercados en busca de alimentos ante el temor de un cierre definitivo de esos establecimientos. Algunos de ellos se vieron precisados a cerrar momentáneamente por obvias razones de seguridad. La aglomeración se debió a una serie de falsos rumores propalados por las redes sobre la presunta intención del gobierno de extender el toque de queda por las 24 horas del día por tiempo indefinido, mientras no estuviera bajo control la epidemia del coronavirus. El rápido y enfático desmentido del gobierno calmó los ánimos e impidió que el rumor desatara un pánico generalizado.
Las cadenas de supermercados y otros negocios de alimentos han sido claras desde un principio sobre su capacidad para preservar el suministro normal a la población y las restricciones establecidas se relacionan únicamente con las medidas para evitar la expansión del virus. El país produce alrededor del 85 al 90 por ciento de los alimentos que consume y el cierre temporal de hoteles y restaurantes por causa de la pandemia aumenta enormemente esa capacidad. De manera que no existe esa amenaza, los rumores en ese sentido deben ser desechados y la población debe respetar el llamado de las autoridades de permanecer en sus casas, a fin de que los esfuerzos oficiales para contener la expansión del virus logren su objetivo.
Uno no alcanza a entender qué se persigue con la propalación de falsas informaciones que puedan alterar la paz pública en una situación de emergencia. Lo que sí se puede asegurar es que de extenderse, situaciones como las que se dieron el lunes pueden ocasionar crisis artificiales de abastecimiento, alzas inesperadas de precios y un caos generalizado. En las cercanías de elecciones presidenciales precedidas de situaciones muy irregulares, los efectos de esos rumores pueden ser peores que el virus.
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