El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), adjudicó mediante la Licitación Pública Internacional INTRANT-CCC-LPI-2019-0001, un contrato al Consorcio de Inspección Técnica del Caribe, donde participan tres empresas; entre ellas Castillo Holding Company S.A. presidida por Leopoldo Castillo Bozo, la cual no figura con operaciones en el país, registrando activos por 280 millones de pesos, y deudas por 227 millones, lo cual representa casi el total de sus bienes.
Leopoldo Castillo Bozo, participante mayoritario del consorcio (70%), fue acusado de fraude por la Fiscalía de Venezuela, por fraudes en el negocio bancario y asegurador por lo cual se le emitió una orden de captura internacional vía la Interpol, y al cual el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le quitó la visa a través de la embajada americana en Venezuela, según reportan medios de la época.
A este empresario, se le ha confiado por contratación mediante concesión la implementación, equipamiento, operación y gestión de la inspección técnica vehicular en la República Dominicana, o lo que popularmente se conoce como “revista”, que es una especie de marbete que certifica que un vehículo está apto para circular de manera segura.
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