Redacción NDigital
Santo Domingo.- Fue el 21 de diciembre de 2016 cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos alertó sobre la trama de corrupción encabezada por la constructora brasileña Odebrecht, en la que República Dominicana se ha visto envuelta, y tras casi cuatro años su sociedad espera justicia.
En ese lapso de tiempo muchas cosas han cambiado, entre ellas la Procuraduría General de la República, órgano persecutor del Estado.
Aunque el caso se encuentra ya en etapa de juicio de fondo, la atención sobre el mismo es igual a un cuatrienio atrás.
El proceso judicial que se sigue en el caso Odebrecht, se reinicia este lunes en el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Se recuerda que el pasado 24 de agosto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) remitió a la Cámara Penal de la jurisdicción del Distrito Nacional el expediente del exsenador Tommy Galán Grullón, imputado en el caso de Odebrecht, por haber cesado en sus funciones como legislador.
Los demás procesados son Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez, así como Ángel Rondón, exrepresentante comercial de Odebrecht en la República Dominicana y señalado como la persona que repartió los sobornos de Odebrecht en el país.
El inicio del juicio estaba previsto para abril pasado pero fue cancelado debido a la situación provocada por el coronavirus, que limitará a 40 las personas en la audiencia, incluidos los imputados, según adelantó el Poder Judicial.
De acuerdo con documentos publicados en 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en doce países latinoamericanos, entre ellos República Dominicana.
La empresa brasileña llegó a un acuerdo con la Procuraduría dominicana en 2017 por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo que admitió haber entregado en sobornos en el país.
El pasado viernes, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien asumió el cargo el 16 de agosto, presentó su «formal inhibición» para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente relativo a las personas procesadas por el caso Odebrecht.
Germán Brito, quien ha reconocido tener una relación de amistad con Díaz Rúa, definió su decisión como «coherente» con la postura que mantuvo en la etapa en que se desempeñó como jueza de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con un comunicado de su despacho.
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