Por EFE.- Al menos una de cada diez adolescentes en Perú está embarazada o ya es madre, una proporción que no desciende desde hace treinta años, lo que suscitó la preocupación de los especialistas este sábado, día central de la semana de la Prevención del Embarazo Adolescente (PEA).
Mientras en estas tres últimas décadas Perú ha conseguido notables descensos en sus tasas de pobreza, anemia y desnutrición crónica infantil, los embarazos adolescentes han permanecido inalterables e incluso están levemente por encima de las cifras de inicios de los años 90.
Si a principios de aquella década la tasa de embarazo adolescente rondaba el 11 %, ahora es del 12,6 %, según los últimos datos oficiales difundidos en 2018 en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Esto equivale a que más de 122.000 adolescentes de entre 15 y 19 años ya eran madres en el último censo nacional que se realizó en 2017, algunas de ellas de más de un hijo.
INDICADOR INADMISIBLE
«Es inadmisible que sea el único indicador que se mantiene desde hace treinta años», dijo en una entrevista a Efe la directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Susana Chávez.
Aunque las cifras oficiales no lo reflejan, el problema también afecta a las menores de 15 años, pues durante 2018 se registraron en Perú 2.325 nacimientos de madres de adolescentes de entre 12 y 14 años, un promedio de al menos seis diarios.
El anhelado descenso de los embarazos adolescentes no se ha producido ni siquiera tras haberse duplicado el gasto público para su prevención entre 2012 y 2018, de 10 a 25 millones de soles (de 2,78 a unos 7 millones de dólares).
Para Chávez, la situación actual es mucho peor porque, a diferencia de 1990, ahora los y las adolescentes tienen mayor acceso a métodos anticonceptivos, tecnología, información y medios de comunicación. «Y no ha cambiado nada. Por eso digo que hay un recrudecimiento de la situación», apuntó.
POSIBLE AUMENTO POR LA PANDEMIA
Los embarazos adolescentes son más frecuentes en las adolescentes que viven en hogares bajo el umbral de la pobreza y en el ámbito rural, donde la media se dispara hasta afectar a casi una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 19 años.
Por ello, Chávez advirtió de que, lejos de reducirse la tasa de embarazos adolescentes en los próximos años, habrá un aumento acompañado del repunte de la pobreza económica, producto de la crisis causada por la COVID-19.
«Lo que ocurre en nuestra realidad es que la mayoría de las adolescentes que se embarazan se quedan solas en casa de su familia, lo que amplía el círculo de pobreza de ese hogar», comentó la directora ejecutiva de Promsex.
Indicó que el 80 % de las adolescentes que se quedan embarazadas «no retorna a la escuela. Son personas que van a ingresar al mercado laboral precario e informal porque no tienen justamente ninguna posibilidad de profesionalizarse ni de mejorar».
Así lo señaló también el jueves el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), al asegurar que «la maternidad adolescente impacta de manera negativa en las oportunidades de desarrollo de las mujeres, limita el ejercicio de sus derechos y contribuye a la transmisión intergeneracional de la pobreza y la vulnerabilidad».
Los datos muestran que las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia alcanzan menores niveles de educación y son más proclives al desempleo o a acceder a trabajos precarios y con menores remuneraciones.
En este contexto de pandemia, el UNFPA estimó que casi 120.000 jóvenes y adolescentes de Perú interrumpirán este año el uso de métodos anticonceptivos, lo que puede desembocar en más de 15.000 embarazos no deseados y 7.000 abortos.
ABORTO PENADO Y POLÉMICA LEY
Precisamente la penalización del aborto -práctica castigada en Perú con prisión de uno a cinco años, a excepción del terapéutico para casos en los que peligre la vida de la madre- es una de las razones que, a juicio de Chávez, ha contribuido a que no bajen las cifras de embarazos adolescentes.
«Considerar el aborto como un delito y no como un problema de salud pública y reproductiva ha sido sumamente dañino. Equivocadamente ha sido incluido dentro del código penal. (…) Esto obliga a las mujeres a recurrir a prácticas inseguras y peligrosas, como abortos clandestinos», indicó Chávez.
Asimismo, entre 2006 y 2014 estuvo vigente una «nefasta ley» promovida por sectores ultraconservadores que consideraba como violación cualquier relación sexual con menores de 18 años, por consentida que fuese.
«La medida no implicó que las adolescentes postergaran el inicio de su vida sexual hasta la mayoría de edad y lo único que hizo fue instaurar un concepto de ilegalidad en los servicios de salud reproductiva, particularmente para la planificación familiar», apuntó Chávez
ASIGNATURA PENDIENTE
Esto quedó corroborado por la Defensoría del Pueblo en un informe del año pasado en el que constató que el 36 % de 91 establecimientos de salud supervisados no contaba con un plan de formación en salud sexual y reproductiva de adolescentes y que el 25 % no entregaba información a esta población por no estar acompañada de sus padres.
En ese sentido, Chávez resaltó las dificultades para distribuir anticonceptivos orales de emergencia, pues «todavía hasta este año se han reportado serios problemas».
En su opinión, «el Estado tiene que ser consciente de su fracaso con los adolescentes. Que cumplan con sus documentos normativos y tengan el respaldo financiero».
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