NDIGITAL.- El Gobierno de Luís Abinader comienza a deshacer contratos, proyectos y servicios que se gestaron en las administraciones de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana.
Bajo los argumentos de que se trata de contrataciones dolosas para el país, el Gobierno rescindió los contratos que aún les quedan a la cuestionada empresa Odebrecht con el Estado Dominicano, las compras de cemento asfáltico AC30, asesorías y la no operatividad de la terminal de autobuses de Santo Domingo Este.
El monto de los cuatro cubicaciones pendientes por concluir por la multinacional brasileña y sus consorciados en el país, en relación al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, asciende a RD$222,667,829 millones de dólares. Estas obras son: Carretera Bávaro – Uvero Alto – Miches – Sabana de la Mar, Conexión Norte-Sur, Carretera Piedra Blanca – Cruce de Ocoa (Cibao – Sur) y Corredor ecológico Pontezuela.
Las autoridades también dispusieron no renovar contratos de compra AC30, mejor conocido como cemento asfaltico, debido a que fueron adquiridos de manera leonina, considerándolos como inequitativos y en algunos casos ilegítimos.
Una de las primeras disposiciones echadas hacia atrás por el Ministerio de Medio Ambiente y el alcalde del PRM en Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, fue dejar sin efecto la operatividad de la terminal de autobuses.
La obra fue de las últimas en ser inaugurada por el entonces presidente Danilo Medina, el siete de agosto.
También el alcalde de SDE dejó sin efecto los contratos firmados por la administración de los exsíndicos del PLD, Juan de los Santos y Alfredo Martínez, con la Compañía de Limpieza Urbana (COMLURSA), responsable de la recogida de basura en esta demarcación y que el cabildo se prepara para llevar a cabo una licitación con el objetivo de contratar nuevas empresas recolectoras de basura.
El ministerio público también dejó sin efecto un contrato de asesoría con los reconocidos abogados Valentín Medrano, Julio Cury, José Martínez Hoepelman y Eduardo Jorge Prats, quienes fueron contratados, por separados, el 17 de marzo de 2020.
Estos brindarían asesoría gratuita durante el proceso de objeción hicieron 19 fiscales al «Concurso Interno para la Selección de Titularidades» convocado por el Consejo Superior del Ministerio Público el 7 de febrero de 2020. Posteriormente anunciaron que renunciarían a la asesoría gratuita sin cobrar los RD$ 5 millones como penalidad por su revocación.
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