(EFE).- Norma Pérez tiene 25 años viviendo en una comunidad de la zona costera de El Salvador y su cotidianidad está marcada por una latente amenaza de ser desalojada de su casa que con mucho esfuerzo ha levantado, a pesar de que el terreno donde está construida su vivienda y otras más son propiedad del Estado.
Esta salvadoreña es una de las cientos de personas que habitan en al menos cinco comunidades de los municipios de San Luis La Herradura y San Pedro Masahuat, en el central departamento de La Paz, que son parte de la zona costera de este país centroamericano y que enfrentan inseguridad jurídica sobre las tierras.
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