Desde la construcción de nueve presas y 58 acueductos a nivel nacional hasta la puesta en marcha de un programa de protección de las cuencas hidrográficas y el establecimiento de un fondo contingente de resiliencia frente al cambio climático, se incluyen en el Compromiso Nacional para el Pacto del Agua 2021-2036, presentado por el Gobierno para solucionar los graves problemas que enfrenta este valioso recurso de la naturaleza en la República Dominicana.
La propuesta oficial contempla la reestructuración de las entidades proveedoras de los servicios de agua potable a los fines de garantizar la cobertura del líquido al 100% de la población dominicana en cantidad, calidad y oportunidad, así como la elevación del índice de potabilidad de un 86% a un 96%, que es el nivel óptimo de potabilidad internacionalmente reconocido.
El documento, entregado al Consejo Económico y Social para que sea consensuado con los diferentes sectores de la vida nacional, plantea la ejecución de una serie de políticas públicas, reformas legislativas y reestructuraciones institucionales que tienen por finalidad lograr una buena gobernanza del sector agua y gestionar los recursos hídricos de manera sostenible.
Para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de agua potable y saneamiento, las autoridades sugieren el establecimiento de un programa nacional enfocado en la estabilidad financiera del servicio, la mejora de la eficiencia energética en la provisión del líquido y la reducción de los gastos operacionales de las entidades del sector.
La puesta en práctica de un plan de sustitución de las redes obsoletas de conducción y distribución a nivel nacional; el rediseño de las infraestructuras domésticas de abastecimiento de agua a nivel nacional y la reestructuración institucional de las entidades proveedoras de los servicios de agua potable a nivel nacional a los fines de asegurar la sostenibilidad financiera completan la oferta en este ámbito.
Otra de las aspiraciones del Pacto del Agua es la ejecución de un plan de mitigación y reducción de los altos niveles de agua no facturada en la República Dominicana, que varían entre el 45% y el 95% entre los diversos proveedores de agua a nivel nacional.
Para lograrlo, el Gobierno tiene en mente eliminar el actual “esquema institucional caracterizado por la dispersión, superposición de funciones, falta de liderazgo y de escasez de información precisa, actualizada y centralizada del sector agua en la República Dominicana”, consciente de que “dificulta la aplicación de políticas coherentes y efectivas en el sector alineadas al interés común y a las metas fijadas por el Estado”.
Con el tiempo medido
Algunos de los desafíos que el país debe alcanzar antes del año 2030 son: acceso universal y equitativo de agua potable a un precio asequible a todos; servicios de saneamiento e higiene adecuados, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y usar eficientemente los recursos hídricos.
Las metas están contenidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Convertirlas en realidad exige la revisión y rediseño de los anteproyectos de Ley de Aguas y de Agua Potable y Saneamiento, que serán reintroducidos ante el Congreso Nacional a los fines de obtener su visto favorable y posterior promulgación, iniciativa que también forma parte del Pacto por el Agua.
A juicio de las autoridades, se deben diseñar los planes que sean necesarios para la preservación de los cuerpos de agua a nivel nacional, incluyendo los ríos, las aguas subterráneas y los litorales costeros marinos.
En particular, destacan la necesidad de ejecutar un programa de manejo integral de las cuencas Yaque del Norte, Ozama e Isabela y en la Región Sur para las cuencas de Yaque del Sur, Pedernales, Nizao, Bani y Ocoa.
Para fortalecer la capacidad de las infraestructuras hidráulicas del país, las autoridades proponen construir presas para almacenamiento de agua en las regiones hidrográficas Atlántica y Este, que carecen de disponibilidad de almacenamiento de agua en presas, y sugieren poner en marcha la construcción de nueve presas a nivel nacional.
La ambiciosa propuesta contempla el diseño, la construcción y financiamiento de 58 nuevos acueductos a nivel nacional y dar mantenimiento a los acueductos existentes en 42 comunidades a nivel nacional.
Habrá que invertir US$8,500 y trabajar de manera sostenida durante 15 años, pero la solución de los problemas crónicos por falta de agua en las provincias San Cristóbal, Peravia, Pedernales, Independencia, San Juan, Azua, Santiago de los Caballeros, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, La Vega, San José de Ocoa, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Hermanas Mirabal, Duarte, Espaillat, Puerto Plata y Gran Santo Domingo habrá llegado, asegura el documento.
Intentos
Las promesas de solución a las constantes crisis generadas por la inadecuada gestión del agua no es algo nuevo en la República Dominicana. En el gobierno de Danilo Medina hubo un cuatrenio del agua; en el de Hipólito Mejía, la decisión de recuperar las cuencas hidrográficas que generan el líquido para el consumo humano, mientras que a Leonel Fernández no le fueron suficientes 8 años para solucionar el problema del desabastecimiento.
Acompañar las palabras de hechos contundentes es el desafío. La gravedad de la situación así lo requiere. 6 de cada 10 dominicanos reporta tener un servicio de agua intermitente y entre el 45% y el 82% de las aguas tratadas se convierten en pérdidas técnicas y comerciales.
Debido a la deficiente gestión de las entidades del sector, un 70% de los hogares conectados a la red de abastecimiento de agua no realiza pagos por los servicios de agua potable y saneamiento.
El sector agrícola bajo riego es el mayor consumidor de agua a nivel nacional, haciendo uso de alrededor del 82% del agua utilizada, y desperdicia el 70% de ella.
En la actualidad, solo un 10% de las aguas residuales son recolectadas por los sistemas de alcantarillado y menos del 20% recibe algún tipo de tratamiento.
Fuente: ELCARIBE
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