Josefa Castillo, directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), está en el centro de una controversia tras la revelación de una licitación sospechosa para la compra de una Chevrolet Tahoe High Country valorada en 6,193,800 pesos, el modelo más caro de su línea. Lo más impactante es que la ficha técnica de esta licitación parece haber sido un descarado copy-paste directo de la página web de Santo Domingo Motors.
Desde el motor turbo diésel 3.0 hasta el sistema de sonido Bose con 10 altavoces y amplificador, cada especificación técnica se alinea con las publicadas por el concesionario. Incluso se incluyen detalles superfluos como la capacidad de carga de 2.5 toneladas y la transmisión automática de 10 velocidades. Esto no solo infringe las leyes de licitación pública, que prohíben especificar marcas o características que restringen la competencia, sino que también muestra una indiferencia total hacia los recursos del pueblo dominicano y las directrices del presidente de la república.
Lo más escandaloso es que Josefa Castillo no solo selecciona un vehículo específico, lo cual constituye una falta grave, sino que también elige el modelo más costoso de la línea, despreciando completamente las medidas de austeridad anunciadas por el presidente Luis Abinader durante una crisis fiscal. ¿Cuál es la justificación de INAIPI para adquirir un vehículo de lujo con características que claramente no son necesarias para las funciones de la institución?
Mientras se debate una reforma fiscal que impacta directamente en el bolsillo de los dominicanos, funcionarios como Castillo parecen no tener escrúpulos en malgastar el dinero público. Estas acciones no solo se mofan de las necesidades del pueblo, sino que también minan la confianza en el gobierno y fortalecen la percepción de impunidad.
FUENTE: SOMOS PUEBLO
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